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“Los olvidados de la Reforma”

 

En columna de opinión en La Tercera José Rodríguez, rector de la Universidad Andrés Bello, afirma que muchas universidades privadas no tradicionales “tienen más que demostrar en materia de movilidad social que varias estatales o privadas del CRUCh”.


La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de educación superior. Como ha sido la tónica, los temas más debatidos tuvieron que ver con financiamiento y fueron éstos los que terminaron por destrabar el proyecto, en especial aquel relacionado al término y reemplazo del CAE. En su camino a la aprobación, el gobierno había tenido que enviar una indicación sustitutiva que reconociera el rol del CRUCh en el sistema, lo que se hizo para justificar la reposición de aportes directos a este grupo de universidades. Junto con ello, se comprometió a discutir un proyecto aparte de fortalecimiento de las universidades estatales. Es claro que esta discusión tiene muchos componentes y que ha habido dos grandes olvidados (solo mencionados protocolarmente): los estudiantes y la calidad. ¿Puede alguien decir que a ellos se les ha puesto en el centro de la discusión? Lo dudo. El 44% de los alumnos que estudian en la educación superior, lo hacen en CFT o IP, instituciones que apenas se mencionan y a las cuales solo se les ha prometido la conformación de un comité que abordará sus problemáticas. El 26% de los alumnos estudia en una universidad CRUCh y el 29% en una privada fuera del CRUCh.

 

 

Es decir, estos últimos son el segmento más grande de estudiantes universitarios. ¿Se ha valorado aunque sea mínimamente el rol de esos planteles? No. Hay un permanente hostigamiento a las instituciones privadas, que son mencionadas solo para ejemplificar los defectos del sistema. Es decepcionante que pese a la evidencia, no se les reconozca su aporte. Basta ver la indicación sustitutiva para darse cuenta que los estudiantes de las universidades privadas y ellas mismas- son permanentemente discriminados, ya sea en materia de acceso a financiamiento como en la forma en que las instituciones aportan al desarrollo de políticas para el sistema. No es justo que los temas que repercuten directamente en estos alumnos sean analizados desde la óptica de los rectores de las universidades en las cuales no estudian, y con representantes estudiantiles de federaciones que, excepto en casos contados, a ellos no los representan. La otra gran olvidada es la calidad. En base a lo último que hemos conocido de la indicación sustitutiva al proyecto, sería el área que mayores “recortes” sufriría.

 

 

Se pasarían a reglamentos varias cosas fundamentales para entender qué se busca definir como calidad, y al ver lo que existe en el proyecto respecto de la acreditación (lo que hay y lo que aún no se conoce), se sumerge al sistema en una nueva incertidumbre. De la discusión y la forma en que se plantea el proyecto se desprende que diversos actores insisten en asociar calidad con el concepto de estatal, cuando hay evidencia para demostrar que este atributo no es propio ni exclusivo de la naturaleza jurídica de las instituciones. Es bueno recordar que dos de las tres instituciones que tienen una acreditación máxima de siete años son privadas. Estoy convencido que existen muchas universidades privadas no tradicionales que han hecho un aporte a la sociedad tremendo y que, sin recibir un peso del Estado, tienen mucho más que demostrar en materia de movilidad social que varias instituciones estatales o privadas del CRUCh.

 

 

La Tercera, 24/04/2017