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Modificación a la Ley de Quiebras y Endeudamiento Familiar

Teniendo presente el actual estado de tramitación en el parlamento del proyecto de ley que modifica nuestra antigua Ley de Quiebras[1], es oportuno reflexionar sobre la necesidad de incorporar en él normas claras y precisas que regulen la situación de la insolvencia o quiebra de los deudores, personas naturales no comerciantes, regulación que se conoce en doctrina y la legislación comparada con el nombre de endeudamiento familiar. Bien sabemos que el Derecho concursal o de quiebras protege a los acreedores para que obtengan un justo y legítimo pago, pero también otorga un trato justo y digno al deudor, otorgando la posibilidad de su rehabilitación y el que pueda tener nuevas oportunidades, lo que debe ser a través de procesos cortos y con una baja carga económica.

 

 

En efecto, el fenómeno del endeudamiento es un proceso que nace en la búsqueda de la satisfacción de una necesidad por sobre la capacidad financiera, lo cual provoca una pérdida de control sobre nuestros gastos, debido a una mala administración de los recursos con que contamos o, también, como ocurre en muchas oportunidades, producto de una contingencia no prevista que provoca un desajuste en las finanzas propias o de la familia, como por ejemplo una muerte, una grave enfermedad, etc. El endeudamiento no tiene una única causa, sino que por el contrario existen varios elementos de diversa naturaleza que influye en su nacimiento y desarrollo. En la actualidad es posible señalar a la globalización como un elemento que incide de forma importante en los hábitos de consumo de la población, pues abre las puertas a la obtención de bienes y servicios con los que en el pasado ni siquiera pensábamos, a su vez, el fenómeno de la masificación del crédito y con ello la relajación en el control y fiscalización del acceso al mismo, hace que frente a estos fenómenos las personas tiendan a entender y analizar de forma poco prudente el entrar en un estado de endeudamiento más allá de lo que le permiten sus flujos y recursos; hoy es mucho más aceptable el hecho de estar endeudado que hace treinta años, época donde primaba más el concepto que sólo a través del ahorro podríamos acceder a bienes de consumo y nada podía adquirirse sin a lo menos pagar una parte del valor del bien (pie),lo que se hacía con ese ahorro previo por parte de los consumidores.

 

 

La situación descrita ha producido que en nuestro país durante el periodo 2000-2009 la tasa de crecimiento promedio de la deuda privada ha sido de un 12,8% real anual, a su vez, en tal periodo  la relación deuda-ingreso (RDI) ha pasado de un 35,4% a un 59,9% y en la actualidad se estima que estaría en un 62,3%[2].

 

 

Esta realidad no sólo nos sugiere, sino que nos impone la necesidad de abordar y regular este problema, razón por la cual la modificación a la actual Ley de Quiebra deberia contemplar un título o conjunto de normas expresas que regulen esta situación, tanto del punto de vista de los agentes activos en el otorgamiento del crédito, con sanciones a aquellos agentes que otorguen los mismos a sabiendas de la imposibilidad de pago del deudor, agravando su situación, como así también reglamentando la situación de los agentes pasivos, deudores (grupo familiar) en donde se establezcan los mecanismos y formas que den garantías de un justo y debido proceso y establezcan las formas o modo de poder cancelar y pagar dichos créditos sin afectar bienes básicos para la estabilidad y unidad familiar.

 

 

Esta es una oportunidad cierta de llenar este vacío y proceder a regular el problema de endeudamiento de las personas naturales o simple ciudadano y ponernos a la altura de los países miembros de la OCDE[3], los que en su gran mayoría tienen solucionado este problema con una normativa clara e incluyendo en ello una regulación preventiva y educativa de los deudores para efectos de evitar el flagelo del endeudamiento familiar y las consecuencias sicológicas, familiares y sociales que ello conlleva.

 

 

 

Alfredo Ugarte S.

Profesor Derecho Comercial

UNAB

 


[1] En primer trámite constitucional en el Senado.

[2] Fuente: Banco Central de Chile, 2010.

[3] Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y España entre otros, cuentan con esta normativa que regula el endeudamiento familiar.